Durante su intervención en el Fórum Nueva Economía, la presidenta del Puerto se mostró especialmente preocupada por el funcionamiento de los puestos PIF (encargados de la inspección sanitaria) y que, a su entender han hecho que más de 100.000 toneladas de mercancía, especialmente, pescado congelado, se hayan desviados a otros puertos. Citó como ejemplo los tiempo de trámite de Leixoes, en Portugal, que con dos inspectores realiza 7.800 inspecciones anuales, con trámites que no superan las 14 horas y que, en el caso de los controles sanitarios, nunca exceden los 60 minutos, frente a los de Vigo, con 16 inspectores, que deben pasar 14.000 inspecciones al año, cuyos trámites duran entre 2 y 8 días y se demoran “indefinidamente” en las revisiones de sanidad. “Estos retrasos tienen un coste de 25.000 € diarios por contenedor para nuestros clientes, algo que no podemos consentir”.
Corina Porro pidió mayor implicación al Ministerio de Sanidad, de quien dependen estos puestos y advirtió “hasta ahora en todos estos trámites he respaldado a las autoridades sanitarias porque entendía que debía atenerme e la lealtad entre administraciones, pero, desde hoy, me voy a posicionar a favor de los usuarios del Puerto de Vigo ya que no voy a consentir ni la deslocalización de empresas ni la pérdida de una cantidad de mercancías semejante”.
